La nueva Ley de Educación dividió a los gremios docentes entrerrianos: AMET está a favor

La sanción de la Ley Nº 9.890, que dio forma a una nueva estructuración del sistema educativo en la provincia, abrió una brecha entre los sindicatos docentes, que no se ponen de acuerdo a la hora de opinar sobre la aplicación de esa norma en las escuelas.
Entre otros cambios, la Ley de Educación actual –que reemplaza al texto aprobado durante la administración del radical Sergio Montiel—deja atrás el esquema que ideó la Ley Federal de Educación, y reimplanta la división entre escuela primaria y secundaria, con el séptimo grado ubicado en el nivel medio de la educación.
Además, extiende la obligatoriedad de 10 a 13 años, fomenta la creación de escuelas de jornada completa y plantea la conveniencia de la universalización del nivel inicial para chicos de 4 años.
En opinión de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) en la nueva ley “están expresados muchos de los aportes que nuestra institución hizo llegar oportunamente a nuestros legisladores, en especial los referidos a la educación técnico-profesional”.
En opinión del secretario adjunto de AMET, Abel Hermoso, “la definición de un espacio propio específico para las instituciones de educación técnico-profesional expresado en la Dirección de Educación Técnico-Profesional es un objetivo largamente reclamado por nuestra entidad”.
También el gremio de los docentes técnicos ponderó la creación del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, que “permite la participación de otros actores vinculados al mundo del trabajo y la producción, logrando la consolidación y la continuidad de un trabajo de muchas instituciones que ya tiene tres años”.
Distinta es la visión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que desde sus dos corrientes internas ha reclamado al gobierno la suspensión en la aplicación de la nueva Ley de Educación. Víctor Hutt, dirigente de la seccional Uruguay e integrante de la comisión del salario del sindicato, aseveró que la norma “salió de las oficinas de un funcionario”, y que las consultas que el gobierno dice haber hecho fue, en realidad, “un simulacro”.
El dirigente señaló que los docentes “queríamos una ley consensuada y no salida de las oficinas de un funcionario. Será difícil enseñar en Contabilidad o Derecho que los sueldos se deben pagar en blanco y con aportes cuando el gobierno provincial y nacional paga en negro y la Justicia coarta el derecho a huelga”.
A su turno, Roque Santana, secretario general de la seccional Paraná de Agmer, enrolado en la opositora Agrupación Rojo y Negro, puso el acento en la falta de inversión para aplicar la nueva ley. Por eso, explicó a AIM que “se esperaba que la ley no surgiera con tanta premura y por eso Agmer en su conjunto, desde un congreso, había solicitado que 2009 fuera un año de debate de la norma. Los tiempos políticos no siempre son los mismos que se viven en las comunidades educativas”.
El dirigente adelantó que “a partir de ahora, habrá que tener cuidado con la implementación, con el resguardo de la estabilidad laboral y que haya igualdad de oportunidades para todos los alumnos”. Y pidió que “la implementación sí sea con consenso y con consulta a la docencia, porque en relación al proyecto de ley no se dieron los tiempos necesarios de debate con las comunidades educativas, y la consulta que se realizó era con preguntas dirigidas, rígidas y con un esquema que no daba muchas oportunidades de participación”.
Fuente: El Diario