Análisis político de CDC y vocales docentes para aportar al debate en las seccionales.

Compañeros: nuevamente el gobierno de la provincia de Entre Ríos avanza unilateralmente, habilitando espacios ficticios de participación y diálogo, ya que se nos convocó para comunicar una DECISIÓN TOMADA. Hacemos responsables al Gobernador Urribarri, al Ministro Bahl y a la gestión política del CGE encabezada por la Profesora Bar, de las consecuencias de la implementación de esta reforma improvisada e inconsulta, sin reglamentación y especificación de la Formación Complementaria –elemento importante en esta reforma-, sin aumento presupuestario, sin discusión pedagógica y curricular, sin garantía de condiciones de infraestructura ni laborales.
Las reubicaciones que se están intentando llevar adelante en las escuelas, se están haciendo sin Cajas Curriculares aprobadas y sin evaluar las escuelas muestrales. No se tomaron en consideración los aportes del sindicato y de los vocales docentes. Una cuestión que debemos profundizar en el debate con los compañeros es cómo se enfrenta desde las escuelas las reuniones con los funcionarios y técnicos del CGE que están recorriendo la provincia por este tema, ya que en reiteradas oportunidades los políticos expresaron que no les han manifestado en ningún lado ni la disconformidad ni las cuestiones planteadas por el sindicato -que son producto de los procesos de consulta y debate como el debate educativo y el Encuentro de Educación Secundaria, entre otros-, y que un 90% de la docencia está de acuerdo con iniciar este proceso de reforma. La gestión Urribarri-Bahl-Bar ha tomado una decisión política y la ha convertido en un acto administrativo, haciendo ejercer de brazo ejecutor de la misma a los directivos de las escuelas, en muchos casos sólo brindando indicaciones en forma oral y contradictorias entre sí. El Decreto 134/09 del PEN -Presidencia Cristina Fernández-, que homologó un acuerdo de paritaria nacional, no fue aplicado en la provincia, por lo tanto podemos asegurar que el gobernador Urribarri es responsable directo de la falta de estabilidad laboral de los trabajadores entrerrianos y deberá dar explicaciones de esta “aplicación de la legalidad selectiva”: las normas que resguardan los derechos de los trabajadores son prescindibles de aplicación para el gobierno de la provincia.
Un hecho que no se puede dejar pasar inadvertido es la falta de seriedad demostrada por los funcionarios políticos que no estuvieron en condiciones de presentar los informes escritos solicitados ni de brindar en forma verbal los mismos, expresando en datos concretos los resultados de la evaluación de las escuelas muestrales. Una muestra más de la improvisación y la política de desinformación del gobierno de la provincia es que, habiendo transcurrido 11 días desde la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto a la Legislatura, no hayamos podido acceder al anteproyecto elevado por el CGE, ya que el mismo es información pública y necesitamos poder analizarlo para evaluar si se han hecho las previsiones presupuestarias que necesita una reforma seria del sistema educativo.
El sindicato defiende la escuela pública, las condiciones y derechos laborales de los trabajadores y los derechos de los alumnos que han sufrido reformas tras reformas y que muchos de ellos no saben ni a qué título de secundaria van a acceder. El gobierno provincial deberá dar explicaciones a los alumnos y padres de los alumnos que terminaron la secundaria en 2009, ya que muchos de ellos todavía no han podido contar con su certificado de finalización de estudios secundarios, lo que pone en serio riesgo su continuidad en estudios terciarios o universitarios, viendo cercenado su derecho social y político a la educación que debe ser garantizado por el Estado.
Necesitamos seguir profundizando el debate para definir cómo seguimos esta lucha, fortaleciendo a las escuelas que han resistido este proceso y ahondando la acumulación de fuerzas con los docentes, alumnos y padres.